El Estado y su responsabilidad para apoyar la investigación científica
Los investigadores estamos en constante esperanza y deseo de que el Estado y el gobierno de turno apoye la investigación científica de manera efectiva, oportuna y como política pública. En la práctica investigativa, lastimosamente, esto no ocurre o es muy incipiente el apoyo.
Según los datos internacionales Estados Unidos y China son los países que invierten más en ciencia y tecnología, solo los dos países representan el 47% del total mundial, esto significa un 2,7% y 2,1% de PIB de cada país respectivamente; Europa invierte el 21% y el resto del mundo llega al 10%. Colombia invierte el 0,23% y el Ecuador invierte en ciencia y tecnología 0,26% según datos de la UNESCO. Esta inversión para el Ecuador se distribuye en el sector productivo el 58%, en el gubernamental 24%, en el sector educativo 12%, y la inversión privada directa 6%. Se conoce que el gasto por persona para investigación en América Latina es de 20 a 36 dólares, mientras que en los países de economías fuertes es de 150 a 250 dólares.
Más allá de la inversión, que por sí misma grafica la importancia y el desarrollo de los países y regiones del mundo, en relación a la inversión en investigación científica existe una cuestión clave que los investigadores de países con economías débiles han denunciado constantemente, y es la burocratización de la investigación.
Este fenómeno es conocido por casi la totalidad de investigadores ecuatorianos y determina que la producción científica nacional sea limitada. El 2017 Ecuador ocupó el puesto 66 (entre 230 países) en la producción mundial de artículos científicos. Un análisis minucioso de esta producción refleja que entre el 15 al 20% de esta producción es irreal, ya que proviene de asociaciones con otros países, en donde el Ecuador es solo un relleno entre los autores, es decir, son publicaciones parásito, por tanto la producción propia es baja.
Aunque la ley ecuatoriana obligó a las instituciones universitarias a invertir en investigación, el Estado ha tenido un papel pasivo en la producción científica y más bien se ha centrado en el control y regulación de la investigación, hundiendo a los investigadores en procesos, trámites y papeleos burocráticos que entorpecen la investigación. Entre permisos, inscripciones de proyectos, formularios, aprobaciones, reevaluaciones, autorizaciones y más enmarañamiento tecnocrático, la investigación ecuatoriana está en decadencia.
Los absurdos campean. Los investigadores tienen títulos universitarios reconocidos e inscritos en el Estado, la mayoría trabajan en instituciones gubernamentales o educativas reconocidas y aprobadas por el mismo Estado; sin embargo, están obligados a inscribirse como investigadores nacionales en el propio Estado. Un investigador puede tener todo lo adecuado para investigar, pero no lo puede hacer porque debe pasar innumerables procesos burocráticos que agotan al investigador, a más de que se desaprovechan posibles financiamientos, se desperdician oportunidades de modernidad y se pierde tiempo. Ante esto, el propio Estado es indolente y cómplice de la ineficiencia investigativa. Incluso las instituciones dependientes del sector público, que se beneficiarían de investigaciones son las primeras en poner trabas, no colaborar por ejemplo con muestras de pacientes con diagnósticos complejos, no integrarse a grupos de investigación consolidados, al final tampoco entienden el beneficio directo para ellos o para las personas que acceden a sus servicios, los perjudicados podrían ser pacientes por ejemplo.
El Estado es pasivo frente a la ciencia y la investigación; tiene leyes que protegen el desarrollo científico, pero el Estado Ecuatoriano es ineficiente para incrementar la investigación y casi inútil para plantearla. Si por un lado existen investigadores maniatados en procesos burocráticos, el Estado no propone investigación alguna para resolver los problemas nacionales; está esperanzado en que le propongan investigaciones, y cuando se lo hace, las limita por procesos, aprobaciones y hasta apoyos. Es casi insólito que el Estado y sus autoridades acudan a las instituciones que hacen investigación para solicitarles apoyo en proyectos concretos de interés público. Están, eso sí, prestos a los controles de instalaciones, señalética, seguridades de estructura, permisos, papeles y auditorías, pero el interés por la investigación es casi nulo.
La ley vigente exige a las universidades poner el 6% de su presupuesto para investigación, que ronda entre 3 a 5 millones de dólares por institución, mientras que el Estado promueve investigación con un programa, más propagandístico y político, para todo el país, con 5 millones de dólares.
Los investigadores que aportan al a producción científica ecuatoriana pertenecen a instituciones públicas, pero su dedicación a la investigación es casi un logro personal. Estos investigadores también tienen que sortear los laberintos burocráticos. A este panorama trágico hay que sumar los costos de insumos, la limitación en importación de equipos, reglamentaciones y obstáculos para el acceso a reactivos de investigación, la inexistencia de productos por trabas aduaneras, etc., etc., la ciencia nacional está en soletas. Parecería que el país está hecho para no investigar y quienes regulan la investigación se esfuerzan en trabarla.
El Estado desconfía de los actores de la investigación, los ve como un problema ético, son en potencia biopiratas y engañadores, por tanto el Estado debe regularlos. Pero el Estado es corresponsable de la ineficiencia investigativa nacional, porque ellos no plantean, no lideran, no promocionan, no innovan, solo controla.
Es una pena este panorama y el planteamiento de estos problemas no tiene eco. Las Academias, Sociedades Científicas, Colegios profesionales, agrupaciones de científicos, no tienen ni voz ni voto. Prefieren una falsa neutralidad frente a la realidad nacional y evaden emitir una opinión gremial; por tanto son también coautores de la hecatombe investigativa.
La solución es fácil: gobierno e instituciones del estado, hagan todo lo contrario! Revean las normativas, eliminen trámites burocráticos, agiliten importaciones de insumos y equipos de investigación, cambien la mentalidad aduanera, confíen en los investigadores nacionales y, sobre todo, como Estado propongan investigaciones con utilidad pública, no solo sean ente regulador.
* Director del Centro de Investigación Genética y Genómica, Universidad UTE
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